Mis actos han sido legales y éticos
Ser diputado es ocupar un cargo público. No hay manera de negarlo. Tampoco la firma de los contratos
“A finales de 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública, tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público... El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de las cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano...”. “... La información dada a conocer omite la existencia de una relación mercantil establecida hace 23 años, entre la empresa referida y Pemex. Por tanto resulta inmoral y doloso afirmar que las operaciones de dicho negocio son producto de las responsabilidades públicas que yo he ocupado en el pasado reciente”. Finalmente, hace pocas horas el actual secretario del despacho de Gobernación, Juan Camilo Mouriño afirmó: “Quiero ser contundente, jamás me he beneficiado ni he beneficiado indirectamente a nadie desde los cargos públicos que he ocupado. Mis actos han sido legales, mi actuar ha sido siempre ético”.
Queda claro: la decisión la adoptó “a finales de 2003”. Para el 24 de abril de 2004 el apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar ante Pemex Refinación lo era Luis Fernando Coyoc Ramírez. El señor Mouriño no podría firmar más contratos como apoderado general de la empresa, como lo había hecho el 20 de diciembre de 2002, al tratarse del contrato GTT-00142-01/2003. Queda evidente: no se trata de asuntos de cuando el señor Mouriño tenía 14 años, más de dos décadas atrás, cuando se inició la relación comercial de algunas de las empresas familiares con Pemex. La vigencia del contrato va del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003. Y contempla dos ampliaciones. El actual secretario de Gobernación era ya mayor de edad y rindió protesta como diputado federal del PAN por allá en septiembre del año 2000. Fue nombrado presidente de la Comisión de Energía.
Cuando un tercer contrato se suscribió el 29 de diciembre de 2003 entre Ivancar y Pemex, don Juan Camilo ya trabajaba en la Secretaría de Energía como coordinador general de asesoría y enlace institucional. Unos días antes, ahora sabemos, tomó “la decisión”. Y el 24 de abril del 2004 fue sustituido como apoderado legal de Ivancar. Rotundo: ser diputado local o diputado federal es ocupar un cargo público. No hay manera de negar este hecho. Tampoco la firma de contratos por adjudicación directa. ¿Legal, ético? Lo primero lo definirán otras autoridades.
Un discurso distinto: “No aceptamos... nada que tenga que ver con privatizar Pemex o compartir la renta petrolera. Tampoco aceptamos eufemismos —porque disfrazan las palabras y los términos y los conceptos— que pretendan ocultar ese propósito. Para nosotros, asociación con empresas extranjeras bajo el pretexto de que no hay tecnología, es privatización; el poner acciones de Pemex en la Bolsa de Valores o la llamada democratización del capital, es privatización”.
Sigue el señor López Obrador, el 24 de febrero: “Permitir la entrada del capital, nacional o extranjero en la refinación, es privatización; y aquí quiero también dejar en claro que la socorrida autonomía de gestión para que un consejo de administración ‘profesional’ decida, supuestamente con independencia, también es privatización”... “Si realmente quieren fortalecer a Pemex, no hace falta modificar el marco legal, es cosa de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, para destinarle a Pemex más recursos económicos, o cuando menos, entregarle los recursos excedentes que se obtienen por los precios altos del petróleo, lo cual significaría aumentar al doble la inversión actual en ese organismo...”.
“Si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, no habrá forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo y se estaría cancelando en los hechos la posibilidad de transformar a México por la vía pacífica. El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta... Nosotros no queremos la violencia. Nosotros vamos a transformar a México por la vía pacífica”.
La vía pacífica fue definida en otro discurso ahí mismo, el de la senadora Rosalinda López: una huelga legislativa en el Congreso; cercos ciudadanos en las cámaras de Diputados y Senadores y en los palacios legislativos estatales; cercos de ciudadanos en aeropuertos en todo el país; cercos ciudadanos en las instalaciones estratégicas de Pemex, así como a las administrativas y financieras; cercos en las carreteras en todo el país. Y si ni así se retira el proyecto privatizador, entonces se iniciará un “paro patriótico nacional”, quizá acompañado también de la exclamación: “¡Viva la Bandera Nacional!”.
A la insurrección “pacífica” por la privatización del petróleo (definida por la modificación del marco legal para Pemex), debería responderse con inteligencia, prudencia y transparencia. Y, obvio, con una enorme dosis de ética política. No se puede jugar con fuego.
Ser diputado es ocupar un cargo público. No hay manera de negarlo. Tampoco la firma de los contratos
“A finales de 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública, tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público... El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de las cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano...”. “... La información dada a conocer omite la existencia de una relación mercantil establecida hace 23 años, entre la empresa referida y Pemex. Por tanto resulta inmoral y doloso afirmar que las operaciones de dicho negocio son producto de las responsabilidades públicas que yo he ocupado en el pasado reciente”. Finalmente, hace pocas horas el actual secretario del despacho de Gobernación, Juan Camilo Mouriño afirmó: “Quiero ser contundente, jamás me he beneficiado ni he beneficiado indirectamente a nadie desde los cargos públicos que he ocupado. Mis actos han sido legales, mi actuar ha sido siempre ético”.
Queda claro: la decisión la adoptó “a finales de 2003”. Para el 24 de abril de 2004 el apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar ante Pemex Refinación lo era Luis Fernando Coyoc Ramírez. El señor Mouriño no podría firmar más contratos como apoderado general de la empresa, como lo había hecho el 20 de diciembre de 2002, al tratarse del contrato GTT-00142-01/2003. Queda evidente: no se trata de asuntos de cuando el señor Mouriño tenía 14 años, más de dos décadas atrás, cuando se inició la relación comercial de algunas de las empresas familiares con Pemex. La vigencia del contrato va del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003. Y contempla dos ampliaciones. El actual secretario de Gobernación era ya mayor de edad y rindió protesta como diputado federal del PAN por allá en septiembre del año 2000. Fue nombrado presidente de la Comisión de Energía.
Cuando un tercer contrato se suscribió el 29 de diciembre de 2003 entre Ivancar y Pemex, don Juan Camilo ya trabajaba en la Secretaría de Energía como coordinador general de asesoría y enlace institucional. Unos días antes, ahora sabemos, tomó “la decisión”. Y el 24 de abril del 2004 fue sustituido como apoderado legal de Ivancar. Rotundo: ser diputado local o diputado federal es ocupar un cargo público. No hay manera de negar este hecho. Tampoco la firma de contratos por adjudicación directa. ¿Legal, ético? Lo primero lo definirán otras autoridades.
Un discurso distinto: “No aceptamos... nada que tenga que ver con privatizar Pemex o compartir la renta petrolera. Tampoco aceptamos eufemismos —porque disfrazan las palabras y los términos y los conceptos— que pretendan ocultar ese propósito. Para nosotros, asociación con empresas extranjeras bajo el pretexto de que no hay tecnología, es privatización; el poner acciones de Pemex en la Bolsa de Valores o la llamada democratización del capital, es privatización”.
Sigue el señor López Obrador, el 24 de febrero: “Permitir la entrada del capital, nacional o extranjero en la refinación, es privatización; y aquí quiero también dejar en claro que la socorrida autonomía de gestión para que un consejo de administración ‘profesional’ decida, supuestamente con independencia, también es privatización”... “Si realmente quieren fortalecer a Pemex, no hace falta modificar el marco legal, es cosa de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, para destinarle a Pemex más recursos económicos, o cuando menos, entregarle los recursos excedentes que se obtienen por los precios altos del petróleo, lo cual significaría aumentar al doble la inversión actual en ese organismo...”.
“Si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, no habrá forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo y se estaría cancelando en los hechos la posibilidad de transformar a México por la vía pacífica. El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta... Nosotros no queremos la violencia. Nosotros vamos a transformar a México por la vía pacífica”.
La vía pacífica fue definida en otro discurso ahí mismo, el de la senadora Rosalinda López: una huelga legislativa en el Congreso; cercos ciudadanos en las cámaras de Diputados y Senadores y en los palacios legislativos estatales; cercos de ciudadanos en aeropuertos en todo el país; cercos ciudadanos en las instalaciones estratégicas de Pemex, así como a las administrativas y financieras; cercos en las carreteras en todo el país. Y si ni así se retira el proyecto privatizador, entonces se iniciará un “paro patriótico nacional”, quizá acompañado también de la exclamación: “¡Viva la Bandera Nacional!”.
A la insurrección “pacífica” por la privatización del petróleo (definida por la modificación del marco legal para Pemex), debería responderse con inteligencia, prudencia y transparencia. Y, obvio, con una enorme dosis de ética política. No se puede jugar con fuego.
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